La situación en Venezuela ha tomado un rumbo desconocido incluso para un país habituado a la inestabilidad. Una semana después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la falta de resultados oficiales verificables ha desatado una ola de represión por parte del gobierno chavista, en medio de crecientes sospechas de fraude. La oposición, debilitada por la persecución, ha recurrido a la publicación en línea de las actas electorales recopiladas por sus testigos, lo que ha permitido a periodistas, expertos en datos y observadores internacionales, como el Centro Carter, realizar sus propios análisis y cuestionar la legitimidad del veredicto del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declara vencedor a Nicolás Maduro.
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Mientras tanto, la comunidad internacional, con Estados Unidos, Brasil, México y Colombia a la cabeza, intenta mediar sin una estrategia clara. Incluso aliados tradicionales del chavismo, como Cristina Fernández de Kirchner, han solicitado la publicación de las actas “por el legado de Chávez”. Simultáneamente, una facción disidente dentro del chavismo, cercana al fallecido líder bolivariano, ha comenzado a desafiar a Maduro.
El gobierno ha respondido con una represión abierta y televisada contra manifestantes, dirigentes políticos y activistas, destacando la “Operación Tun Tun”, una campaña que advierte a los venezolanos sobre la inminente llegada de las fuerzas de seguridad a sus hogares. El miedo se ha apoderado de las redes sociales, con usuarios cambiando sus fotos de perfil y eliminando mensajes críticos.
La Fiscalía ha reportado la detención de más de 1.200 personas en una semana, aunque otras fuentes elevan la cifra a 2.000. Estos números superan con creces los registrados durante los cuatro meses de protestas en 2017. La ONG Foro Penal ha confirmado que entre los detenidos hay al menos 80 adolescentes, presentados en televisión como criminales entrenados en el extranjero.
La oposición, sin muchas opciones, ha optado por limitar su exposición pública y centrarse en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y la insistencia en la publicación de las actas. El candidato Edmundo González, de 74 años, ha reducido sus apariciones públicas, mientras que sus colaboradores enfrentan detenciones y allanamientos.
La comunidad internacional parece ser la única capaz de influir en la crisis venezolana. Tras varias rondas de negociaciones infructuosas, Colombia, Brasil y México están avanzando en un plan que incluye la verificación imparcial de las actas y un diálogo entre Maduro y González, excluyendo a la controvertida figura de María Corina Machado, lo que ha generado rechazo en gran parte de la oposición.
Maduro ha trasladado la disputa electoral al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. Cambios en la composición del tribunal, como la designación de Caryslia Rodríguez y otros militantes chavistas, han preparado el terreno para este movimiento. Elvis Amoroso, principal autoridad electoral y cercano a la pareja presidencial, ha mantenido un silencio prolongado, anunciando nuevas cifras sin esclarecer lo sucedido.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha estado cerrado desde las elecciones, alegando una supuesta conspiración orquestada desde Macedonia del Norte para atacar el sistema automatizado de votación. Esta teoría ha sido utilizada para evitar la publicación de los resultados y la realización de auditorías post-electorales.
Finalmente, el Tribunal Supremo ha otorgado al CNE un plazo de 72 horas para entregar las actas recopiladas. La oposición ha publicado alrededor de 25.000 de las 30.000 actas esperadas. La entrega de los datos del CNE se espera para este lunes, marcando un punto crucial en el desarrollo de esta crisis electoral.
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